Este caso implica propiedades que fueron construidas sin las licencias necesarias o en contravención de las normativas urbanísticas vigentes en el momento de su construcción. Requiere regularizar la situación mediante la obtención de las licencias apropiadas y, a menudo, la realización de modificaciones en la propiedad para cumplir con los estándares legales actuales.

Involucra propiedades construidas en áreas designadas como no aptas para el desarrollo urbano, como zonas rurales o protegidas. La legalización de estas viviendas puede requerir procesos especiales, como la demostración de que la construcción no afecta negativamente el medio ambiente o el paisaje.

Se refiere a casos donde las propiedades han sido extendidas o modificadas sin permiso previo. Esto podría incluir adiciones como nuevas habitaciones, garajes o incluso piscinas que no fueron aprobadas inicialmente por las autoridades locales.

Este tipo de legalización se realiza cuando una propiedad no cumple con los códigos de construcción actuales que garantizan la seguridad y la salubridad de sus ocupantes. Podría implicar la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias o estructurales para cumplir con las normativas vigentes.

Algunas propiedades pueden necesitar legalización cuando se cambia el uso para el cual fueron diseñadas, como transformar un almacén en una residencia o viceversa. Este tipo de casos requiere asegurar que la propiedad cumpla con las regulaciones específicas para su nuevo uso.

En lugares como Andalucía, España, este certificado es necesario para viviendas en suelo no urbanizable que, aunque no pueden ser legalizadas completamente, necesitan ser reconocidas oficialmente para facilitar servicios básicos y realizar mejoras permitidas.